Carta a mi empleado más caro

A la AT. del Sr. D. Juan Carlos Borbón Borbón

Muy Sr. Mío:

Me dirijo a Vd. -cosa que no suelo hacer a menudo entre mis empleados- debido, esencialmente, a la especial situación generada por la crisis económica que ha repercutido gravemente en mi economía familiar y que, como Vd. ya sabe, es una de las empresas de las que Vd. cobra puntualmente sus emolumentos.

Como se podrá imaginar, la angustiosa situación económica producida nos ha llevado a plantearnos una lógica reestructuración de personal y, dado que Vd. es nuestro empleado más caro y que recibe su salario a través de nuestros impuestos, hemos empezado a examinar su rendimiento, para ver si el mismo se corresponde con la generosa remuneración que entre todos los españoles le hemos asignado, es decir, 9 millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas) de los que Vd. puede disponer libremente y distribuirlos como quiera, sin ni siquiera desglosar sus gastos ante el Parlamento español.

Examinando el contrato que le hicimos en el año 1978, desearíamos que se centrase en el apartado denominado Artículo 56 párrafo 1 y que dice lo siguiente:

"El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes."

También desearía que echase un vistazo al Artículo 61 párrafo 1 del mismo:

"El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas."

Hemos resaltado en negrita aquellas funciones que, a nuestro parecer, ha incumplido a lo largo de estos años, pues, en todo este tiempo, no ha hecho absolutamente nada por mantener la unidad de los españoles, desde el primer momento gravemente amenazada -y de forma creciente- por el separatismo catalán y vasco.

En este tiempo tampoco ha arbitrado y moderado el funcionamiento regular de las instituciones, pues de todos son conocidos los continuos problemas en las elecciones de los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que, estos años, han servido de arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos y que regularmente han puesto en peligro la estabilidad institucional.

Por último, tampoco ha hecho respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, siendo los más claros ejemplos la prohibición, para muchos ciudadanos españoles, de recibir su educación en español en Cataluña y las multas que esa institución denominada Generalidad Catalana ha impuesto sobre sus compatriotas por rotular en español sus comercios.

Dada la clara dejación de funciones que ha ejercido a lo largo de estos años, a pesar de la generosa retribución que le habíamos asignado, nos vemos, por tanto, en la necesidad de rescindir su contrato.

El despido tendrá efectividad desde el momento en que se reúna la Junta de Accionistas convocada a un referéndum sobre la Monarquía, que esperamos -si a los españoles les entra algo de luz en la cabeza- se convoque a la mayor brevedad posible.

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